A partir del 1 de julio, entra en vigor una nueva regulación para mejorar la seguridad de los ascensores. Esta iniciativa impulsada por el gobierno español, exigirá la modernización de los aparatos más antiguos, y serán los vecinos quienes tendrán que asumir este gasto.
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¿Qué cambios comporta esta normativa?
Los ascensores tendrán que contar con un control de peso y un teléfono equipado, si todavía no lo tienen. Además, se tendrá que comprobar que paran exactamente a nivel del suelo y tendrán que pasar revisiones periódicas para garantizar los estándares de seguridad. Esta normativa afectará a más de un millón de ascensores y comportará un coste de más de 700 millones de euros en total, según los cálculos del Consejo de Ministros.
Según Jordi Sarrats, vicepresidente del Gremio de Ascensoristas de Cataluña, en muchas ocasiones, será más económico instalar un ascensor completamente nuevo que reparar el que tiene tantos años, sea por complicaciones durante la mejora o por la viabilidad económica. Uno de los cambios más costosos será la sustitución de las guías, que afectará a los ascensores más antiguos de ciudades como Barcelona, Girona, Tarragona o Igualada, entre otras.
¿Cómo se asumirán estos costes?
Toda la carga económica recaerá sobre los vecinos. Una vez se reciba el presupuesto de la empresa encargada de esta tarea, las comunidades de propietarios tendrán que recaudar todos los fondos necesarios para hacer frente a este gasto. Aun así, según el Gremio de Ascensoristas, no tendrá efectos inmediatos. Es decir, se irán implementando cuando se hagan las inspecciones periódicas, que, normalmente, son cada cuatro años; y después de la inspección se dará un año más para hacer la reparación.
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